De la Revista Marejadas: volumen 9 número 2 (Otoño-Invierno, 2012)
Por: Cristina D. Olán Martínez, MA

Son jóvenes universitarios entusiastas que persiguen el sueño de un mejor Planeta y un medio ambiente en condiciones saludables. CESAM, Capítulo Estudiantil Sociedad Ambiente Marino, tiene como misión la protección y la conservación del medio ambiente.

Su sueño es uno muy estructurado. Además de una directiva y reuniones para planificar actividades, CESAM cuenta con estudiantes que llevan a cabo proyectos de investigación científica. Asimismo, realizan talleres, actividades educativas, recogidos de basura y viajes de campo en los que involucran no sólo a la comunidad universitaria sino a agencias gubernamentales, escuelas, organizaciones no gubernamentales y la ciudadanía en general.

“Nuestra organización es un vínculo directo entre la comunidad científica y las comunidades. Relacionarnos con las comunidades es vital para ayudar a la conservación y a los ecosistemas. Si no nos relacionamos con las comunidades, la labor no es efectiva. Cualquier persona puede participar en las actividades de CESAM,” indicó Lee O. Vaasjo, actual coordinador del comité de investigación de CESAM.

Un proyecto de cultivo de corales en Culebra fue el que dio inicio a CESAM en el año 2003. Hoy día, cuentan con proyectos de investigación que abarcan temas tales como: el anidamiento de los tinglares y el impacto antropogénico sobre estos organismos, el reclutamiento post-larval de los peces león en el área de Piñones, Loíza
y la variabilidad local y recuperación del erizo Diadema antillarum, entre otros.

“Somos hiperactivos. No hay mejor satisfacción para las familias y para nosotros que saber que estamos contribuyendo a mejorar la situación del Planeta. No es tiempo que se pierde, es tiempo que se invierte,” expresó con emoción Jorge Gutiérrez Berríos, actual presidente de la organización y pasado relacionista público, acerca del grupo y del trabajo que realizan.

CESAM tiene un gran compromiso con la conservación y la labor comunitaria, en particular con las áreas de Ocean Park y el Corredor.

Ecológico del Noreste, zonas críticas para el anidamiento de los tinglares. En Ocean Park, por ejemplo, llevaron a cabo el Festival de la colilla. Querían concientizar a la gente acerca del daño que hace cualquier tipo de basura a los organismos marinos, no importa el tamaño del material desechado en la costa.

“Se recogieron 26,382 colillas. Salieron tinglares cuando estábamos terminando de recoger colillas. Pudimos observar a una tortuga tinglar anidando y la protegimos,” comentó Gutiérrez Berrios, también estudiante de biología en la UPR-Río Piedras.

Las tortugas marinas, en particular, los tinglares, han sido protagonistas de los trabajos de CESAM. Dentro de la organización existe un comité denominado Comité Educativo del Tinglar en Puerto Rico (CETIPUR).

“El CETIPUR me ayudó en la investigación que estaría corriendo junto a otras compañeras (Amy Orta, Jennifer Cardé, Tania Hernández y Eleinie Otero) en la temporada 2012 sobre esta especie, y a la vez esta investigación nutrió a CESAM
de destrezas relacionadas. Nuestro proyecto investigativo constó en una comparación de tres playas donde anidan los tinglares. La primera playa fue el Corredor Ecológico del Noreste, playa prácticamente virgen sin construcciones aledañas y protegida por el DRNA, la segunda área fue Playa California y Playa Larga en Maunabo, unas de las playas más frecuentadas por tinglares en épocas anteriores y con muy pocas construcciones, aunque de alto de impacto por ser en zona marítimo terrestre. La tercera área de estudio fue Ocean Park, playa de alto impacto antropogénico donde los tinglares que van a anidar son muy escasos en comparación con las otras playas,” explicó Zoelie Rivera Ocasio, miembro de CESAM y estudiante de biología integrativa y antropología.

En CESAM, la ciencia, la conservación, el trabajo y el sentido de pertenencia se entretejen. Sus miembros coinciden en que CESAM es una familia.

“Ya no somos un grupo de trabajo; nos hemos convertido en una familia en la cual nos unen las experiencias que tenemos a diario, ya sea desarrollando ideas en la universidad o trabajando directamente en contacto con la naturaleza. Ahí es cuando surgen las mejores ideas. Nos unen los deseos e intenciones de presenciar un Puerto Rico transformado, un Puerto Rico consciente y sustentable, donde prevalezcan los valores y el respeto por el ambiente marino,” enfatizó Abimarie Otaño Cruz, subsecretaria de CESAM y estudiante de maestría en ciencias ambientales la UPR-Río Piedras.

Para más información sobre el trabajo de CESAM, iniciativas realizadas por el grupo y anuncios de futuras actividades, puede acceder a www.cesampr. com. Para contactar a CESAM y ser parte de esta gran familia en pro de la conservación, puede escribir a la dirección de correo electrónico cesam.upr.cn@gmail.com. También, puede encontrar más información en Facebook:  http://www.facebook. com/cesam.sociedadambientemarino.

CESAM también agradece la cooperación de las siguientes entidades con el trabajo que el grupo realiza: Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Programa Sea Grant de la Universidad de Puerto Rico, el Centro para la Ecología Ambiental Aplicada y la Conservación (CATEC), Arrecife Pro-Ciudad, Playas pal’ Pueblo en Isla Verde, ATMAR en Maunabo, Coalición del Corredor Ecológico del Noreste y Ecotono, entre las muchas organizaciones y personas que colaboran para que su trabajo siga en pie.

Abajo recurso y reportaje:

By Martin Lea
MARINE life off the Dorset coast is beginning to bloom again after the area was closed off to ‘destructive’ fishing, experts say.

Since July 2008, dredging for shellfish and seabed trawling has been prohibited in a designated 60 square mile area of Lyme Bay through its Marine Protected Area (MPA) status.

A study of damaged reefs has revealed that closure to fishing gear in this area has improved the quality and abundance of marine life, with ross coral, king scallops and large sea-squirts showing definite recovery.

Full recovery of sensitive seabeds will take years but these indicators are a positive sign.

Research began after The Lyme Bay Designated Area (Fishing Restrictions) Order 2008 was imposed, closing it off to mobile fishing such as dredging and trawling.

Scientists used underwater video to gather information to check whether habitats were improving. Compared to fished areas, evidence showed good progress towards the recovery of habitats and species within this Marine Protected Area (MPA) compared to previous studies.

Marine Conservation Officer for Dorset Wildlife Trust, Emma Rance, said: “This study proves that MPAs work as an effective win-win for conservation and the fishing industry."



“The benefits go beyond marine wildlife with healthier and larger seabed communities that are more resilient and productive.

“The species that spill out beyond the boundary of the protected areas benefit the mobile fishing industry, which are prohibited from working inside the closed area.”

The documented recovery of scallops, which are economically valuable for Lyme Bay, proves that, contrary to previous studies, they were affected by damaging fishing methods across Lyme Bay before the closure of the area.

As long as protection continues, the scallop population should remain stable and become increasingly important as large scallops grow in number.

There were also some other surprise effects of protection, research showed. The nearby ‘non-reef’ habitat with sediment covering the seabed showed the recovery of slow-growing and long-lived reef species of ‘dead man’s fingers’ and ross coral which provide shelter and settlement for many species.



Source: http://www.dorsetecho.co.uk/news/11029151.Marine_life_makes_blooming_good_comeback/?ref=var_0

ABOUT 3 billion people live within 100 miles (160km) of the sea, a number that could double in the next decade as humans flock to coastal cities like gulls. The oceans produce $3 trillion of goods and services each year and untold value for the Earth’s ecology. Life could not exist without these vast water reserves—and, if anything, they are becoming even more important to humans than before.

Mining is about to begin under the seabed in the high seas—the regions outside the exclusive economic zones administered by coastal and island nations, which stretch 200 nautical miles (370km) offshore. Nineteen exploratory licences have been issued. New summer shipping lanes are opening across the Arctic Ocean. The genetic resources of marine life promise a pharmaceutical bonanza: the number of patents has been rising at 12% a year. One study found that genetic material from the seas is a hundred times more likely to have anti-cancer properties than that from terrestrial life.

But these developments are minor compared with vaster forces reshaping the Earth, both on land and at sea. It has long been clear that people are damaging the oceans—witness the melting of the Arctic ice in summer, the spread of oxygen-starved dead zones and the death of coral reefs. Now, the consequences of that damage are starting to be felt onshore.

Thailand provides a vivid example. In the 1990s it cleared coastal mangrove swamps to set up shrimp farms. Ocean storm surges in 2011, no longer cushioned by the mangroves, rushed in to flood the country’s industrial heartland, causing billions of dollars of damage.

More serious is the global mismanagement of fish stocks. About 3 billion people get a fifth of their protein from fish, making it a more important protein source than beef. But a vicious cycle has developed as fish stocks decline and fishermen race to grab what they can of the remainder. According to the Food and Agriculture Organisation (FAO), a third of fish stocks in the oceans are over-exploited; some estimates say the proportion is more than half (see chart). One study suggested that stocks of big predatory species—such as tuna, swordfish and marlin—may have fallen by as much as 90% since the 1950s. People could be eating much better, were fishing stocks properly managed.

The forests are often called the lungs of the Earth, but the description better fits the oceans. They produce half the world’s supply of oxygen, mostly through photosynthesis by aquatic algae and other organisms. But according to a forthcoming report by the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC; the group of scientists who advise governments on global warming), concentrations of chlorophyll (which helps makes oxygen) have fallen by 9-12% in 1998-2010 in the North Pacific, Indian and North Atlantic Oceans.

Climate change may be the reason. At the moment, the oceans are moderating the impact of global warming—though that may not last (see article). Warm water rises, so an increase in sea temperatures tends to separate cold and warm water into more distinct layers, with shallower mixed layers in between. That seems to lower the quantity of nutrients available for aquatic algae, and to lead to decreased chlorophyll concentrations. Changes in the oceans, therefore, may mean less oxygen will be produced. This cannot be good news, though scientists are still debating the likely consequences. The world is not about to suffocate. But the result could be lower oxygen concentrations in the oceans and changes to the climate because the counterpart of less oxygen is more carbon—adding to the build-up of greenhouse gases. In short, the decades of damage wreaked on the oceans are now damaging the terrestrial environment.

A tragedy foretold

The oceans exemplify the “tragedy of the commons”—the depletion of commonly held property by individual users, who harm their own long-term interests as a result. For decades scientists warned that the European Union’s fishing quotas were too high, and for decades fishing lobbyists persuaded politicians to ignore them. Now what everyone knew would happen has happened: three-quarters of the fish stocks in European waters are over-exploited and some are close to collapse.

The salient feature of such a tragedy is that the full cost of damaging the system is not borne by those doing the damage. This is most obvious in fishing, but goes further. Invasive species of many kinds are moved around the world by human activity—and do an estimated $100 billion of damage to oceans each year. Farmers dump excess fertiliser into rivers, which finds its way to the sea; there cyanobacteria (blue-green algae) feed on the nutrients, proliferate madly and reduce oxygen levels, asphyxiating all sea creatures. In 2008, there were over 400 “dead zones” in the oceans. Polluters pump out carbon dioxide, which dissolves in seawater, producing carbonic acid. That in turn has increased ocean acidity by over a quarter since the start of the Industrial Revolution. In 2012, scientists found pteropods (a kind of sea snail) in the Southern Ocean with partially dissolved shells.

It is sometimes possible to preserve commons by assigning private property rights over them, thus giving users a bigger stake in their long-term health. That is being tried in coastal and island nations’ exclusive economic zones. But it does not apply on the high seas. Under international law, fishing there is open to all and minerals count as “the common heritage of mankind”. Here, a mishmash of international rules and institutions determines the condition of the watery commons.

The high seas are not ungoverned. Almost every country has ratified the UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), which, in the words of Tommy Koh, president of UNCLOS in the 1980s, is “a constitution for the oceans”. It sets rules for everything from military activities and territorial disputes (like those in the South China Sea) to shipping, deep-sea mining and fishing. Although it came into force only in 1994, it embodies centuries-old customary laws, including the freedom of the seas, which says the high seas are open to all. UNCLOS took decades to negotiate and is sacrosanct. Even America, which refuses to sign it, abides by its provisions.

But UNCLOS has significant faults. It is weak on conservation and the environment, since most of it was negotiated in the 1970s when these topics were barely considered. It has no powers to enforce or punish. America’s refusal to sign makes the problem worse: although it behaves in accordance with UNCLOS, it is reluctant to push others to do likewise.

Specialised bodies have been set up to oversee a few parts of the treaty, such as the International Seabed Authority, which regulates mining beneath the high seas. But for the most part UNCLOS relies on member countries and existing organisations for monitoring and enforcement. The result is a baffling tangle of overlapping authorities (see diagram) that is described by the Global Ocean Commission, a new high-level lobby group, as a “co-ordinated catastrophe”.

Individually, some of the institutions work well enough. The International Maritime Organisation, which regulates global shipping, keeps a register of merchant and passenger vessels, which must carry identification numbers. The result is a reasonably law-abiding global industry. It is also responsible for one of the rare success stories of recent decades, the standards applying to routine and accidental discharges of pollution from ships. But even it is flawed. The Institute for Advanced Sustainability Studies, a German think-tank, rates it as the least transparent international organisation. And it is dominated by insiders: contributions, and therefore influence, are weighted by tonnage.

Other institutions look good on paper but are untested. This is the case with the seabed authority, which has drawn up a global regime for deep-sea mining that is more up-to-date than most national mining codes. For once, therefore, countries have settled the rules before an activity gets under way, rather than trying to catch up when the damage starts, as happened with fishing.

The problem here is political rather than regulatory: how should mining revenues be distributed? Deep-sea minerals are supposed to be “the common heritage of mankind”. Does that mean everyone is entitled to a part? And how to share it out?

The biggest failure, though, is in the regulation of fishing. Overfishing does more damage to the oceans than all other human activities there put together. In theory, high-seas fishing is overseen by an array of regional bodies. Some cover individual species, such as the International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT, also known as the International Conspiracy to Catch All Tuna). Others cover fishing in a particular area, such as the north-east Atlantic or the South Pacific Oceans. They decide what sort of fishing gear may be used, set limits on the quantity of fish that can be caught and how many ships are allowed in an area, and so on.

Here, too, there have been successes. Stocks of north-east Arctic cod are now the highest of any cod species and the highest they have been since 1945—even though the permitted catch is also at record levels. This proves it is possible to have healthy stocks and a healthy fishing industry. But it is a bilateral, not an international, achievement: only Norway and Russia capture these fish and they jointly follow scientists’ advice about how much to take.

There has also been some progress in controlling the sort of fishing gear that does the most damage. In 1991 the UN banned drift nets longer than 2.5km (these are nets that hang down from the surface; some were 50km long). A series of national and regional restrictions in the 2000s placed limits on “bottom trawling” (hoovering up everything on the seabed)—which most people at the time thought unachievable.

But the overall record is disastrous. Two-thirds of fish stocks on the high seas are over-exploited—twice as much as in parts of oceans under national jurisdiction. Illegal and unreported fishing is worth $10 billion-24 billion a year—about a quarter of the total catch. According to the World Bank, the mismanagement of fisheries costs $50 billion or more a year, meaning that the fishing industry would reap at least that much in efficiency gains if it were properly managed.

Most regional fishery bodies have too little money to combat illegal fishermen. They do not know how many vessels are in their waters because there is no global register of fishing boats. Their rules only bind their members; outsiders can break them with impunity. An expert review of ICCAT, the tuna commission, ordered by the organisation itself concluded that it was “an international disgrace”. A survey by the FAO found that over half the countries reporting on surveillance and enforcement on the high seas said they could not control vessels sailing under their flags. Even if they wanted to, then, it is not clear that regional fishery bodies or individual countries could make much difference.

But it is far from clear that many really want to. Almost all are dominated by fishing interests. The exceptions are the organisation for Antarctica, where scientific researchers are influential, and the International Whaling Commission, which admitted environmentalists early on. Not by coincidence, these are the two that have taken conservation most seriously.

Empty promises

Countries could do more to stop vessels suspected of illegal fishing from docking in their harbours—but they don’t. The FAO’s attempt to set up a voluntary register of high-seas fishing boats has been becalmed for years. The UN has a fish-stocks agreement that imposes stricter demands than regional fishery bodies. It requires signatories to impose tough sanctions on ships that break the rules. But only 80 countries have ratified it, compared with the 165 parties to UNCLOS. One study found that 28 nations, which together account for 40% of the world’s catch, are failing to meet most of the requirements of an FAO code of conduct which they have signed up to.

It is not merely that particular institutions are weak. The system itself is dysfunctional. There are organisations for fishing, mining and shipping, but none for the oceans as a whole. Regional seas organisations, whose main responsibility is to cut pollution, generally do not cover the same areas as regional fishery bodies, and the two rarely work well together. (In the north-east Atlantic, the one case where the boundaries coincide, they have done a lot.) Dozens of organisations play some role in the oceans (including 16 in the UN alone) but the outfit that is supposed to co-ordinate them, called UN-Oceans, is an ad-hoc body without oversight authority. There are no proper arrangements for monitoring, assessing or reporting on how the various organisations are doing—and no one to tell them if they are failing.

Pressure for change is finally building up. According to David Miliband, a former British foreign secretary who is now co-chairman of the Global Ocean Commission, the current mess is a “terrible betrayal” of current and future generations. “We need a new approach to the economics and governance of the high seas,” he says.


That could take different forms. Environmentalists want a moratorium on overfished stocks, which on the high seas would mean most of them. They also want regional bodies to demand impact assessments before issuing fishing licences. The UN Development Programme says rich countries should switch some of the staggering $35 billion a year they spend subsidising fishing on the high seas (through things like cheap fuel and vessel-buy-back programmes) to creating marine reserves—protected areas like national parks.

Others focus on institutional reform. The European Union and 77 developing countries want an “implementing agreement” to strengthen the environmental and conservation provisions of UNCLOS. They had hoped to start what will doubtless be lengthy negotiations at a UN conference in Rio de Janeiro in 2012. But opposition from Russia and America forced a postponement; talks are now supposed to start by August 2015.

Still others say that efforts should be concentrated on improving the regional bodies, by giving them more money, greater enforcement powers and mandates that include the overall health of their bits of the ocean. The German Advisory Council on Global Change, a think-tank set up by the government, argues for an entirely new UN body, a World Oceans Organisation, which it hopes would increase awareness of ocean mismanagement among governments, and simplify and streamline the current organisational tangle.

According to Elinor Ostrom, who won the Nobel prize for economics in 2009, to avoid a tragedy of the commons requires giving everyone entitled to use them a say in running them; setting clear boundaries to keep out those who are not entitled; appointing monitors who are trusted by users; and having straightforward mechanisms to resolve conflicts. At the moment, the governance of the high seas meets none of those criteria.

Changes to high-seas management would still do nothing for two of the worst problems, both caused on land: acidification and pollution. But they are the best and perhaps only hope of improving the condition of half of the Earth’s surface.


Source: http://www.economist.com/news/international/21596990-humans-are-damaging-high-seas-now-oceans-are-doing-harm-back-deep-water\\

El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) anunció que está adelantada la investigación sobre el caso de hostigamiento a dos ballenas jorobadas durante hechos ocurridos este fin de semana cuando más de cuatro corredores de motoras acuáticas acorralaron a estas especies marinas.

Un vídeo que muestra el hostigamiento a las ballenas jorobadas ha recorrido las redes sociales y ha causado indignación, según la agencia.

La secretaria del DRNA, Carmen Guerrero Pérez, indicó que el hostigamiento a mamíferos marinos es regulado por leyes federales y estatales. El 2 de junio de 1970, la ballena jorobada fue designada como una especie en peligro de extinción e incluida en la lista federal de especies en peligro de extinción.

“Lo que es peor en este caso, es que nuestros biólogos marinos confirman que se trataba de una madre y su cría. El acoso al que fueron sometidas estas ballenas jorobadas, según se observa en el video, pudo haber provocado el que la madre, asustada saliera a toda velocidad y abandonara a su cría. En casos así, la cría quedaría huérfana y por su tamaño no hay acuario que la acepte o lugar alguno donde se pueda alimentar y cuidar en lo que crece y se hace independiente”, expresó Guerrero Pérez.

Por su parte, la bióloga de la agencia, Griselle Rodríguez, explicó que hostigamiento se define como cualquier cambio en la conducta de un animal o del animal y su cría.

“En el vídeo se observa claramente que hay hostigamiento cuando el animal se queda a media agua y no sale a respirar por un tiempo prolongado cuando los jet ski los están acorralando. Una cría tiene que respirar en periodos más cortos. Son siete minutos de estar siendo perseguida y con una pared de ruido creada por las motoras acuáticas. Es como si una madre estuviera corriendo con su bebé”, manifestó Rodríguez.

Añadió que se puede corroborar que la ballena nada rápido para huir por la colocación de las aletas.

Las ballenas jorobadas están cobijadas por la Ley de Protección de Mamíferos Marinos, tanto a nivel federal como estatal. El hostigamiento conlleva una pena de $25 mil o una pena de reclusión de un año o ambas penas.

La Ley de Especies en Peligro de Extinción también tiene pertinencia en este caso y la multa es de $50 mil o un año de cárcel.

La Ley de Observación de Ballenas, específicamente para ballenas jorobadas, establece que la distancia para observarlas es de 100 metros. Cuando se trata de dos embarcaciones o más, la distancia para observarlas es de 400 metros. Si hay una madre con una cría, las embarcaciones no se pueden acercar.

“En el caso que observamos en el video, los dueños de estos jet skis violentaron las distancias reglamentarias y practicamente estaban encima de las ballenas, tratando de cortarles el paso y sin dejar un espacio libre de 180 grados en la dirección en que se mueven las ballenas. El DRNA cuenta con el video como evidencia y estamos llevando a cabo la investigación mano a mano con las agencias federales para procesar a las personas responsables”, añadió la secretaria.

Las ballenas jorobadas se alimentan solamente durante el verano en las regiones polares y migran a aguas tropicales para reproducirse y parir las crías durante el inverno polar. Durante los meses de enero a abril, puede observarse a las ballenas jorobadas por el noroeste de Puerto Rico. El área de Rincón a Aguadilla y las aguas profundas del Canal de la Mona proveen un buen refugio y hábitat para las madres, crías y los machos reproductivos.

“Es un privilegio que estos mamíferos marinos nos visiten anualmente a Puerto Rico y sabemos que son un atractivo importante para la industria turística del noroeste de la Isla. Por consiguiente, situaciones como ésta sirven de oportunidad para educar a la ciudadanía y para asegurar que las personas puedan observar las ballenas de forma adecuada y en cumplimiento con las leyes locales y federales”, concluyó Guerrero Pérez.

Recurso: http://elvocero.com/drna-investiga-incidente-de-hostigamiento-a-ballenas-jorobadas/

Por Miprv.com

Durante esta época del año, las ballenas jorobadas llegan a las costas de Puerto Rico para disfrutar de nuestras aguas cálidas y reproducirse.

Es importante que las personas sepan que tanto a nivel federal como estatal, las interacciones con estos animales son reguladas. Pero a juzgar por este video divulgado en Facebook por un conocido locutor, molestar a las ballenas en la playa de Crash Boat en Isabela es más un motivo de chiste para algunos que una actividad delictiva. Esperamos que las autoridades puedan identificar al autor de este video y aplicarle todo el peso de la ley.

“El individuo que grabó este video posiblemente está violando varias leyes que protegen estos animales, los cuales con el cambio climático y la caza ya han sufrido bastante”, nos informa la organización Campus Verde Colegial, que compartió el video con Mi Puerto Rico Verde.

“Son animales sociales, viven en familia y esto los asusta y altera sus rutas. Ve la Ley Federal de Protección de Mamíferos Marinos de 1972 y la Ley Federal de Especies en Peligro de Extinción de 1973, y En Puerto Rico, todos los mamíferos marinos están protegidos por la Ley de Pesca de 1938, la Ley de Vida Silvestre de 1976 y por el Reglamento para Regir el Manejo de las Especies Vulnerable o en Peligro de Extinción del Departamento de Recursos Naturales de 1985″, agrega.

A nivel estatal, el DRNA regula bastante las actividades de avistamiento de ballenas jorobadas.

Por ejemplo, si una persona está interesada en llevar una embarcación con turistas o visitantes al área de avistamiento, necesita un permiso que se tramita en la misma agencia. Si una persona anda en su embarcación particular y se topa con una ballena y su cría, está terminantemente prohibido acercarse.

“El reglamento es claro en que las ballenas y sus crías tienen que dejarse tranquilas”, explicó recientemente la bióloga marina Grisel Rodríguez al diario El Nuevo Día.

Si la ballena anda sola, la embarcación debe mantenerse a 100 metros, y si hay más de una embarcación, deben mantenerse a 400 metros de distancia.

“Nunca se les puede cortar el paso. Las embarcaciones siempre tienen que ir detrás de las ballenas; que sea el animal el que decida libremente por dónde quiere ir”, dijo Jiménez, y aseguró al diario que nadar con las ballenas jorobadas también está prohibido.

Avista una ballena en Arecibo

En una nota más positiva, nuestro seguidor Gerardo Mora compartió esta bella foto de una ballena jugando en las aguas de la costa de Arecibo. Esperamos ver más imágenes como esta y no escuchar más sobre violaciones de ley y actitudes ignorantes de personas con estos majestuosos mamíferos.



Recurso: http://www.miprv.com/molestar-a-las-ballenas-es-un-crimen-no-un-chiste/

Por Gerardo E. Alvarado León / galvarado@elnuevodia.com

“Una de las principales reglas del desarrollo sustentable es alinearse con la naturaleza, no combatirla”

-Desconocido

Por más de cuatro décadas, el manejo de las 799 millas lineales de costa en Puerto Rico ha estado enmarcado por usos conflictivos.

Aunque se consideran áreas de alto valor natural y ecológico, las costas albergan buena parte de nuestra “infraestructura crítica”, a saber, aeropuertos, hospitales, termoeléctricas y plantas de acueducto y alcantarillado, entre otras.

Albergan, además, decenas de hoteles que le dan techo a quienes nos visitan y que, según estimados, aportan a la economía local unos $2,000 millones anuales en actividades costeras y playeras.

La escena la completan unidades o proyectos de vivienda, algunos erigidos con todos los permisos y otros que son considerados “construcción informal”.

¿Cómo se llegó a este punto?

La pregunta es válida y las respuestas varían. Pero en consenso, el hecho de que el 24% de nuestras 799 millas lineales de costa ya está urbanizado tiene una causa principal: la falta de criterios uniformes para delimitar o deslindar los bienes de la llamada zona marítimo terrestre (ZMT).

Esa falta de controles quizás responde a lo ambiguo de la definición de la ZMT, lo que hace que cada cual la interprete a su manera. Este concepto evoluciona a partir de la Ley de Aguas de España de 1866, recogida luego por la aún vigente Ley de Puertos de 1880, extensiva a Puerto Rico en 1886.

Así, la Ley 151-1968, mejor conocida como Ley de Muelles y Puertos, establece que la ZMT es “el espacio de las costas de Puerto Rico que baña el mar en su flujo y reflujo,  en donde son sensibles a las mareas, y las mayores olas en los temporales en donde las mareas no son sensibles, e incluye los terrenos ganados al mar y las márgenes de los ríos hasta el sitio en que sean navegables o se hagan sensibles las mareas”.

Como era de esperarse, la aplicación de esta definición llegó hasta el Tribunal Supremo.

En noviembre de 2009, el alto foro judicial resolvió que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), agencia que tiene el deber de “deslinde y saneamiento” de la ZMT, debe utilizar el criterio de “el mar en su flujo y reflujo” si el terreno a deslindar es sensible a las mareas; mientras que el criterio de “las mayores olas en los temporales” debe emplearse en terrenos donde las mareas no son sensibles.

Nuevo sistema

A dos meses de su llegada a La Fortaleza -y en un intento por aclarar la extensión de la ZMT y dejar en el pasado la definición actual-, el gobernador Alejandro García Padilla le ordenó a la secretaria del DRNA, Carmen Guerrero, completar en un año el deslinde de la polémica área.

El miércoles pasado, Guerrero y su equipo de trabajo presentaron el Sistema de Referencia Oficial de la ZMT, herramienta con la que no solo aspiran a “asegurar” el desarrollo sustentable del litoral costero, sino también a proteger vida y propiedad.

Según explicó Ernesto Díaz, director del Programa de Manejo de la Zona Costanera del DRNA, el nuevo sistema considera la mejor información disponible sobre los criterios necesarios para realizar deslindes en la ZMT, como datos de mareas, controles geodésicos, líneas de vegetación, indicadores físico-bióticos y fotos áreas, entre otros.

“Fuimos segmento a segmento por toda la costa e hicimos la línea de referencia de la ZMT. Este sistema da confiabilidad para cualquier proceso de agrimensura en la costa”, dijo.

Guerrero, por su parte, indicó que con el nuevo sistema “ya no se evaluará la Isla de forma fragmentada o caso a caso, sino de forma estandarizada”.

“Lo que queremos con este sistema es dar certeza en los procesos administrativos, para que los proponentes de proyectos estén claros de por dónde ir; esta línea de referencia los va a ayudar en la búsqueda de los permisos de construcción”, afirmó la secretaria.

Ambos funcionarios coincidieron en que el Sistema de Referencia Oficial de la ZMT servirá para guiar el futuro desarrollo del 76% de las 799 millas lineales de costa sin urbanizar.

Destacaron, su vez, que el sistema cobra relevancia y considera el contexto actual de cambio climático, al que se le atribuyen consecuencias como el aumento continuo en el nivel del mar, erosión costera y eventos atmosféricos cada vez más extremos.

“Un buen inicio”

Para Ruperto Chaparro, director del Programa Sea Grant de la Universidad de Puerto Rico (UPR); y el oceanógrafo físico, Aurelio Mercado, la creación del nuevo sistema constituye “un buen inicio” en el intento de homogenizar el manejo de la ZMT.

“Ahora mismo no hay deslindes hechos en muchas áreas de la ZMT y con este sistema ya los habría. En ese sentido, es una ventaja”, dijo Chaparro.

“Es un buen inicio porque de antemano las personas que quieren desarrollar un proyecto saben dónde están paradas. Si su proyecto cayó tierra adentro, no tienen problemas. Pero si cayó dentro de la ZMT, sí tienen problemas y tienen que bregar con las posibles consecuencias”, agregó Mercado, a quien le “preocupan” los casos de proyectos urbanos que “se puedan colar” en el litoral costero.

Ante esa posibilidad, Guerrero explicó que una vez el nuevo sistema esté “establecido y aprobado”, el Reglamento 4860 del DRNA -que requiere ser enmendado- dispondrá para que los proyectistas “argumenten” si su deslinde no coincide con el de la agencia.

“Cada proponente tiene que hacer el deslinde de su proyecto, pero con el nuevo sistema ya tienen un referencia oficial. Si existiera alguna diferencia, podrán presentar información para que argumenten que la línea establecida con sus agrimensores es distinta a la nuestra. El Reglamento 4860 permitirá eso”, sostuvo Guerrero.

Chaparro y Mercado también señalaron que el Sistema de Referencia Oficial de la ZMT “no puede eliminar” las visitas de campo de los expertos del DRNA para validar los deslindes. Esto, según dijeron, porque el ambiente costero es bien variable y requiere deslindes físicos.

“Unas veces la arena se retira y entra más el agua; eso depende de la temporada del año. Siempre se necesita validar los deslindes con un agrimensor de campo”, afirmó Chaparro.

Mercado, entretanto, dijo que su “única crítica” al nuevo sistema es que supuestamente “no considera” el aspecto del oleaje, pese a estar incluido en la definición de la ZMT.

“Con la erosión rampante que hay en la Isla, muchísimos terrenos que ahora caen fuera de la ZMT caerán dentro de 10 o 15 años. El aumento en el nivel del mar es un hecho”, declaró Mercado, al poner en duda que el nuevo sistema considere aspectos del cambio climático, como asegura el DRNA.

“La única manera de considerar cambio climático, particularmente erosión costera, es pronosticando dónde va a estar la orilla de aquí a 50 o 75 años e imponiendo restricciones de construcción en esas zonas. Ese mecanismo ya lo usan en todas partes del mundo, excepto en Puerto Rico”, lamentó.

Llamado al DRNA

Más que contar con el nuevo sistema, la coyuntura actual debe servirle al DRNA para “internalizar” que su deber ministerial es proteger la ZMT, ya que se trata de un bien de dominio público, es decir, para el disfrute de todos, opinió Érika Fontánez, catedrática de la Escuela de Derecho de la UPR y experta en derecho de propiedad.

“En la práctica, el DRNA respondía a las peticiones de desarrollo en vez de tomar la iniciativa para proteger la zona. Los deslindes se hacían caso a caso, lo que impidió que el área se desarrollara de manera holística. Como el mercado dictaba la forma en que se desarrollaba la ZMT, lo que había era desparrame e inconsistencia en la aplicación de la política pública”, dijo.

Fontánez, por lo tanto, urgió al DRNA a no seguir reaccionando en función de quienes quieren “explotar” los bienes de dominio públicot y en cambio “mantenerse firme” en la defensa de una de las zonas más impactadas.

La expectativa del DRNA es que el Sistema de Referencia Oficial de la ZMT esté funcionado cabalmente en agosto o septiembre próximos. Durante este mes y el próximo, la agencia celebrará varias reuniones públicas buscando “fortalecer” la herramienta.


Recurso: http://www.elnuevodia.com/vitaleldesarrollosustentabledellitoralcostero-1712863.html

Fuente Original: Diálogo Digital
Por: David Cordero Mercado

El proyecto, que tendrá una duración de 3 años, estudiará las descargas de sedimento del Río Grande de Manatí y el Río Loco de Yauco.

Con un presupuesto aprobado de $1.5 millones auspiciado completamente por la National Aeronautics and Space Administration (NASA), un grupo de profesores de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras (UPR-RP), comenzará un proyecto investigativo que estudiará los efectos de los cambios de uso de terreno en varias cuencas de ríos y costas de Puerto Rico.

“La idea era hacer un estudio interdisciplinario donde evaluamos la calidad de los recursos costeros y cómo los impactos humanos lo han estado afectando en los últimos 60 años”, indicó Maritza Barreto, investigadora principal y profesora del Departamento de Geografía de la UPR-RP.

El proyecto, que inicia a mediados de este mes, tendrá una duración de tres años y estudiará las descargas de sedimento del Río Grande de Manatí y el Río Loco de Yauco, así como su impacto sobre los componentes costeros como las playas, los arrecifes y las hierbas marinas.

“La información que generemos se le va entregar al final del estudio a las agencias del gobierno de Puerto Rico para que lo puedan utilizar. Por lo menos nosotros queremos que se utilice como referencia para el proceso de decisiones y definiciones de protocolos de manejo costero en Puerto Rico”, expresó Barreto.

Entre los profesores que estarán trabajando en el proyecto se encuentran el co-investigador principal y experto en corales del Jet Propulsion Laboratory de California, el doctor Juan Torres; el hidrólogo y profesor del Departamento de Ciencias Ambientales de la UPR-RP, el doctor Jorge Ortiz; el planificador ambiental y profesor de la Escuela de Planificación de la UPR-RP, el doctor Luis Santiago; el oceanógrafo y profesor del Recinto Universitario de Mayagüez de la UPR, el doctor Roy Armstrong; el doctor Carlos Ramos, hidrólogo de la Universidad de Texas, el doctor Shimmelis Sitegn, de la Universidad Internacional de la Florida, entre otros.

La propuesta del grupo de profesores fue aprobada oficialmente por la NASA el 20 de diciembre de 2013, tras haber sido evaluada junto a otros 13 proyectos.


Como parte de la investigación, el grupo estará integrando y organizando fotografías de las cuencas de ríos y costas de Puerto Rico, desde el año 1970 al presente, con el fin de poder comparar desde el punto de vista aéreo los efectos de los cambios de uso de terreno.

Para esta parte del proyecto estarán utilizando imágenes satelitales tomadas desde el espacio y brindadas por la NASA, así como imágenes de la Oficina de Fotogrametría del Departamento de Obras Públicas de Puerto Rico (DTOP).

“La NASA nos va a proveer imágenes de los últimos censores que han mandado al espacio, hay un censor que se llama ICOS, tiene la capacidad de identificar objetos, ese equipo NASA lo acaba de estrenar en el 2013, nosotros vamos a obtener los datos para Puerto Rico, vamos a ser uno de los primeros grupos de los proyectos de NASA que van a utilizar ese censor que es nuevo”, dijo Barreto a Diálogo.

En el proyecto colaborarán también estudiantes de maestría y doctorado, así como estudiantes subgraduados voluntarios del Departamento de Geografía, Departamento de Ciencias Ambientales y de la Escuela de Planificación. El grupo de profesores integrará varias técnicas de investigación social con el propósito de obtener y analizar la percepción de las comunidades costeras ante los recursos costeros. Esto llamó mucho la atención de los representantes de la NASA, según indicó Barreto, puesto que “usualmente ese tipo de herramientas para un proyecto de la NASA no es común”.

“Parte de nuestro proyecto contiene entrevistas, grupos focales…además de hacer la ciencia, de ir al campo, coger muestras de agua, poner medidores de descargas de agua con imágenes de satélite, vamos a delinear las playas, vamos a cuantificar corales, vamos a bucear, es bien diverso el trabajo de campo”, explicó la geóloga.

Aunque el proyecto investigativo comenzará estudiando y analizando sólo dos ríos de Puerto Rico, la meta es lograr cubrir a largo plazo todos los ríos y costas del País.


Recurso: http://www.cienciapr.org/es/external-news/lanzan-proyecto-entre-la-nasa-y-la-upr

Por Gerardo E. Alvarado León / galvarado@elnuevodia.com

En un intento por “asegurar” el desarrollo sustentable en las 607 millas lineales de costa que aún no están urbanizadas, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) presentó ayer -con 22 años de retraso- el Sistema de Referencia Oficial de la Zona Marítimo Terrestre.

Carmen Guerrero, secretaria del DRNA, explicó que el sistema establece “criterios uniformes” para delimitar los bienes de dominio público marítimo terrestre de aquellos privados y proteger, a su vez, áreas naturales, vida y propiedad.

“Antes se tenían deslindes particulares. Inclusive, terrenos que eran colindantes no coincidían. El manejo de nuestras costas ha estado enmarcado por usos conflictivos; vulnerabilidad de infraestructura pública y privada. Ahora estamos facilitando un proceso con criterios uniformes”, indicó la secretaria.

El sistema, abundó, cobra relevancia en el contexto actual de cambio climático, al que se le atribuyen consecuencias como el aumento continuo en el nivel del mar, erosión costera y eventos atmosféricos más extremos.

Guerrero explicó que el Sistema de Referencia Oficial de la Zona Marítimo Terrestre se creó en virtud de la orden ejecutiva 2013-019, firmada por el gobernador Alejandro García Padilla en febrero del año pasado.

“Luego de meses de trabajo”, dijo, el sistema culminó su fase de diseño y construcción. Esta era una tarea que el DRNA tenía desde 1992, requerida por el Reglamento 4860.

Guerrero informó que el DRNA realizará una serie de reuniones con la ciudadanía para “fortalecer” el nuevo sistema. La primera de esas reuniones será hoy, a las 6:00 p.m., en el Centro de Usos Múltiples de Vieques. Las demás reuniones serán el 19 de febrero, en Lajas; el 20 de febrero, en San Juan; y el 11 de marzo, en Culebra.

La puesta en vigor del sistema está pautada para agosto o septiembre próximos, ya que requiere enmendar el Reglamento 4860.

Guerrero señaló, no obstante, que el sistema ya está disponible para que profesionales de la agrimensura y la ciudadanía lo usen como referencia. Una vez aprobado, será una “herramienta más” a tomar en cuenta al momento de otorgar permisos de construcción.

Recurso: http://www.elnuevodia.com/decidensobrelazonamaritimoterrestre-1710406.html

Por Miprv.com

La secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Carmen Guerrero Pérez, presentó el Sistema de Referencia Oficial de la Zona Marítimo Terrestre para Puerto Rico para asegurar el desarrollo sostenible de nuestras costas y proteger la vida y las propiedades.

El Sistema de Referencia Oficial de la Zona Marítimo Terrestre de Puerto Rico es el resultado de meses de trabajo del DRNA en respuesta a la Orden Ejecutiva 2013-019 del gobernador Alejandro García Padilla.

Guerrero Pérez destacó que este Sistema de Referencia Oficial establece criterios uniformes para todos en Puerto Rico para delimitar los bienes de dominio público marítimo terrestre de aquellos privados y a la vez proteger áreas naturales sensibles, la vida y la propiedad. Este cobra especial importancia en un escenario global de cambios climáticos cuyas consecuencias implican entre otras el aumento continuo en el nivel del mar la erosión costera y evento climatológicos mas extremos.

“Luego de meses de trabajo, en el DRNA nos enorgullece anunciar al país que el proceso de desarrollo del sistema de referencia oficial de la ZMT de Puerto Rico culminó su fase de diseño y construcción. Esto es histórico ya que esta era una tarea que tenía la agencia desde el año 1992, requerida por el Reglamento de la ZMT. Más de 20 años después, el DRNA cumple con su deber ministerial de completar este sistema de referencia oficial”, manifestó Guerrero Pérez.

“Nuestra ciudadanía y las futuras generaciones de puertorriqueños se merecen un medioambiente sano y un entorno seguro, con herramientas para asegurar la integridad y conservación de la zona marítimo terrestre y sus medidas de protección y restauración necesarias”, añadió.

La titular señaló que “el futuro del desarrollo económico de Puerto Rico y el proceso de permisos hacia un desarrollo sustentable requiere de certeza en los procedimientos administrativos. Esta es una herramienta que utiliza los mismos criterios técnicos y científicos de forma uniforme a través de todo Puerto Rico. Con este instrumento ya no se evaluará la zona marítimo terrestre de forma fragmentada o de caso a caso, sino de forma estandarizada y uniforme”.

El sistema se apoya en la definición legal de los bienes del dominio público de la Zona Marítimo Terrestre como “el espacio de las costas de Puerto Rico que baña el mar en su flujo y reflujo, en donde son sensibles a las mareas, y las mayores olas en los temporales en donde las mareas no son sensibles, e incluye los terrenos ganados al mar y las márgenes de los ríos hasta el sitio en que sean navegables o se hagan sensibles las mareas y el término, sin condicionar, significa la zona marítimo terrestre de Puerto Rico”. Esto incluye las dunas, manglares, playas y otros recursos costeros.

Guerrero Pérez indicó que como parte del proceso informativo y de consulta se realizarán una serie de reuniones con la ciudadanía durante los meses de febrero y marzo para continuar fomentando un proceso de integración y participación ciudadana y fortalecer el Sistema de Referencia Oficial de la Zona Marítimo Terrestre.

La primera de las reuniones se realizará el 13 de febrero en el Centro de Usos Múltiples Vieques a las 6 p.m. Otras se realizarán el 19 de febrero en Lajas en el Centro de Usos Múltiples de La Parguera a las 5:30 pm; el 20 de febrero de 2014 en el Edificio de Agencias Ambientales a las 5:30 pm y el 11 de marzo en el Salón de Usos Múltiples de Culebra.

La información sobre el Sistema de Referencia de la Zona Marítimo Terrestre estará disponible en la internet en www.drna.gobierno.pr/zmt. Para comentarios y recomendaciones, la cuidadanía puede hacerlas llegar por correo electrónico a zmt@drna.gobierno.pr o correo regular dirigiso al P.O Box 366147, San Juan, PR 00936.

Recurso: http://www.miprv.com/drna-presenta-sistema-de-referencia-que-ayudara-a-proteger-las-costas/

Satellite and fisheries data show areas in Atlantic Ocean where leatherback turtles and fishermen clash
Virginia Gewin

The Atlantic Ocean is home to the last large populations of leatherback turtles — but it is not always a hospitable habitat. The migratory nature of the turtles, the world's largest, makes them vulnerable to unintended capture by fishermen.


But with such ‘bycatch’ largely unreported, and the leatherbacks (Dermochelys coriacea) meandering across wide swaths of the Atlantic, understanding how best to protect them has been difficult. Now scientists have used satellite data that tracks turtle paths between 1995 and 2010 to help identify nine zones in the Atlantic Ocean where leatherbacks and fishermen are most likely to clash1.

“We know bycatch is a huge problem, but it’s knowing where, when and in what fisheries that hasn’t been clear,” says Brendan Godley, a conservation scientist at the University of Exeter, UK, and lead author of the study published today in Proceedings of the Royal Society B.

Godley’s research pinpoints four high-risk sites in the north Atlantic and five in the south Atlantic[1], including areas within the exclusive economic zones of 12 different countries — among them the United States and United Kingdom.

Atlantic leatherback populations are relatively robust compared to their Pacific Ocean counterparts, which have declined to the point that they are considered “critically endangered” by the International Union for the Conservation of Nature. A similar study published in January2 found few areas showing high interaction between Pacific leatherbacks and fishermen — most likely because the turtle population there had already been wiped out, possibly because of bycatch, says John Roe, a biologist at University of North Carolina at Pembroke who led the research.


Reversing this trend in the Pacific will be difficult, if not impossible, says Matthew Witt, an Exeter conservation biologist who co-led the Atlantic Ocean study. “We’re trying to avert what happened in the Pacific,” he says.

His team combined satellite data showing standardized tracks from over 100 turtles, correcting for bias in spatial, with longline-fisheries data to identify areas of low, medium and high interaction between humans and turtles. Their map covers the Atlantic in a grid with squares measuring 5 degrees latitude by 5 degrees longitude.

Rebecca Lewison, a conservation ecologist at San Diego State University in California, says that such analyses make it harder for governments to ignore the danger bycatch poses to migratory species such as the leatherback. “If we are serious about preventing extinctions of pelagic species, we have to look at these ocean-wide scales,” she says.

Ultimately, though, it is coastal fishing gear, such as gillnets and trawls, that may pose the greatest risk to the turtles. With that in mind, researchers hope to incorporate data on those dangers into future maps.

“The ocean is constantly changing,” says Peter Dutton, a biologist with NOAA in La Jolla, California. “We ultimately want to create tools that can predict where leatherbacks will be, and use those tools to help fishermen make decisions on where to fish.”

Source: http://www.nature.com/news/mapping-pinpoints-turtles-danger-zones-1.14705