Por Miprv.com

La Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) autorizó la extracción y movimiento de terreno en el Corredor Ecológico del Noreste (CEN) para ser utilizado en el relleno de un área contigua a una quebrada que desemboca en el Balneario Seven Seas, en Fajardo, afectando este cuerpo de agua junto al resto de esta importante área natural.

Los permisos fueron otorgados en violación al Plan y Reglamento Especial de la Gran Reserva del Noreste y a la Ley de la Gran Reserva Natural del Corredor Ecológico del Noreste, esta última aprobada en junio pasado, y que establece como política pública la preservación, conservación y restauración del CEN.

Permiso OGPe Extracción en el Corredor Ecológico del Noreste

Permiso de Construcción OGPe 7-Seas Park

“Es bochornoso que el gobierno haya otorgado estos permisos, tras años de discusión pública sobre el valor y la importancia de conservar el Corredor. Ante esto, reclamamos al gobernador Luis Fortuño a que intervenga directa e inmediatamente para hacer cumplir la ley, ordenando la paralización de los trabajos, revocando los permisos y exigiendo la restauración de las áreas impactadas”, denunció Carmen Guerrero Pérez, planificadora y especialista en turismo sostenible de Iniciativa para un Desarrollo Sustentable (IDS), organización afiliada a la Coalición.

El primer permiso, emitido el 31 de julio pasado, autorizó, a modo de una cantera, la extracción de 1,500 metros cúbicos de terreno en el CEN (ver foto). El mismo fue otorgado a Colonial Parking, Inc., cuyo presidente, Miguel A. Cabral Veras, fue uno de los empresarios implicados en el esquema de donaciones por el cual el ex senador Jorge De Castro Font resultó convicto por las autoridades federales.

El segundo permiso fue otorgado al Municipio de Fajardo el 17 de mayo de 2012, para un proyecto recreativo bajo el nombre de Seven Seas Water Park. Los usos del terreno establecidos por la Junta de Planificación para el predio donde comenzaron a construir las obras no permiten dicho proyecto, ya que esta zonificado o calificado como un distrito de conservación de recursos (CR).

Guerrero Pérez añadió que “el Plan y Reglamento Especial de la Gran Reserva del Noreste exige que toda construcción mantenga un retiro mínimo de 164 pies (50 m) desde el borde exterior de todo cuerpo de agua en áreas calificadas como CR, lo que están violando, ya que han dragado la quebrada y rellenado a su vez sus bancos con el terreno que sacaron del CEN”. (ver foto)

Camilla Feibelman, planificadora y coordinadora del Sierra Club, Capítulo de Puerto Rico, señaló por su parte que la Coalición “lleva meses solicitando una reconsideración al Tribunal Supremo de Puerto Rico para que restituya una moratoria en permisos y endosos de construcción en el CEN con el fin de evitar precisamente este tipo de situación y evitar el daño irreparable que está ocurriendo ahora en toda esta zona. Es decir, la mayoría de los jueces del Tribunal Supremo tienen en sus manos la oportunidad de proteger el CEN”.

La moratoria en permisos de construcción en el CEN fue emitida originalmente por el Tribunal Apelativo y a solicitud de la Coalición, para evitar que se convierta en académica la demanda presentada por estos últimos impugnando el nuevo plan de usos de terrenos aprobado por la administración Fortuño para el Corredor y terrenos en la falda de El Yunque, el cual permite la urbanización de más de 450 cuerdas protegidas previamente como reserva natural.

La moratoria fue dejada sin efecto en enero pasado por la mayoría de los jueces del Tribunal Supremo ante el pedido del Departamento de Justicia, tras lo cual los miembros de la Coalición solicitaron una reconsideración que todavía se encuentra a espera de una decisión.

Cabe destacar que el Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico, la Sociedad Puertorriqueña de Planificación, el Obispo de la Diócesis de Fajardo-Humacao, Mons. Eusebio Ramos Morales y el Pastor General de la Iglesia Evangélica Unida de Puerto Rico, Rvdo. Edward Rivera Santiago, presentaron por separado varias mociones de “amigos de la corte” en el Tribunal Supremo, uniéndose al reclamo de la Coalición para que se restituya la moratoria.

Recurso: http://www.miprv.com/gobierno-aprobo-permisos-de-extraccion-en-el-corredor-ecologico-del-noreste/

Sería un duro golpe al país que el Tribunal Supremo no reconsidere su decisión de derogar la moratoria de permisos de construcción en el Corredor Ecológico del Noreste (CEN), pues eso significaría el triunfo de la insensatez sobre la integridad ambiental de todo un pueblo.

Por si fuera poco, se estaría ignorando la Ley 126 del 25 de junio de 2012, la cual dispone la preservación, conservación y restauración de los terrenos del Corredor Ecológico como política pública del Gobierno de Puerto Rico. Ya en febrero de este año, el Tribunal Supremo había derogado temporalmente una decisión emitida por el Tribunal Apelativo, que establecía una moratoria de permisos de construcción en los terrenos del Corredor Ecológico. 

Esa moratoria tenía el propósito de evitar las agresiones ambientales en esa valiosa reserva, hasta tanto se atendiera una demanda presentada por la Coalición Pro Corredor Ecológico del Noreste.

Para ese entonces, una serie de instituciones de probado prestigio profesional, social y ambiental se unieron para presentar mociones ante el Tribunal Supremo y, de este modo, como amigos de la corte, apoyar la restitución de la moratoria.

Sin embargo, el pasado 29 de junio, desoyendo todas esas voces, la mayoría de los jueces del Tribunal Supremo se impuso sobre la minoría para derogar permanentemente la moratoria y permitir así la posibilidad de que se otorguen permisos. 

Algo incomprensible si se tiene en cuenta que, cuatro días antes, la Legislatura y el gobernador Luis Fortuño habían dado su aval al Proyecto del Senado 2282, que se convirtió finalmente en la Ley de la Gran Reserva Natural del Corredor Ecológico del Noreste.

Cabe preguntarse si en el más alto foro judicial ignoraron deliberadamente una ley de cuya aprobación tenían que estar al tanto, ya que fue ampliamente difundida en los medios y destacada en este mismo espacio editorial. 

¿A qué se debe entonces esa extraña decisión de levantar la moratoria y abrir las puertas a unos proyectos que están concebidos en abierto desafío a la legalidad?

No se han hecho esperar las consecuencias de la falta de compromiso en un tema tan delicado como este. Ha trascendido que la Junta de Planificación continúa evaluando la aprobación de una consulta de ubicación para un centro comercial en la jurisdicción de Luquillo. 

Este proyecto ocuparía un área de más de 200,000 pies cuadrados en terrenos supuestamente protegidos, que están dentro del Corredor. Y se ignora, de hecho, si aprovechando este momento de ambigüedad, se van a evaluar otros proyectos similares, en terrenos únicos en el Caribe y de inmenso valor ecológico.

La Coalición Pro Corredor Ecológico del Noreste presentó hace un tiempo una moción de reconsideración al Tribunal Supremo para que paralice de una vez por todas la otorgación de permisos. Si no lo lograra, el gobernador Luis Fortuño deberá explicarle al país cómo se entiende que él, por un lado, apoye y firme una ley que protege, y por el otro, permita que agencias de su administración -como el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y la Junta de Planificación- insistan en violar esa misma ley.

Una contradicción inadmisible que más bien parece una burla y que debe aclararse antes de que sea demasiado tarde.

Recurso: http://www.elnuevodia.com/editorial-seriaamenazaalcorredor-1345925.html