Seria amenaza al Corredor

Costa del CEN (Foto por Montañez)

Sería un duro golpe al país que el Tribunal Supremo no reconsidere su decisión de derogar la moratoria de permisos de construcción en el Corredor Ecológico del Noreste (CEN), pues eso significaría el triunfo de la insensatez sobre la integridad ambiental de todo un pueblo.

Por si fuera poco, se estaría ignorando la Ley 126 del 25 de junio de 2012, la cual dispone la preservación, conservación y restauración de los terrenos del Corredor Ecológico como política pública del Gobierno de Puerto Rico. Ya en febrero de este año, el Tribunal Supremo había derogado temporalmente una decisión emitida por el Tribunal Apelativo, que establecía una moratoria de permisos de construcción en los terrenos del Corredor Ecológico. 

Esa moratoria tenía el propósito de evitar las agresiones ambientales en esa valiosa reserva, hasta tanto se atendiera una demanda presentada por la Coalición Pro Corredor Ecológico del Noreste.

Para ese entonces, una serie de instituciones de probado prestigio profesional, social y ambiental se unieron para presentar mociones ante el Tribunal Supremo y, de este modo, como amigos de la corte, apoyar la restitución de la moratoria.

Sin embargo, el pasado 29 de junio, desoyendo todas esas voces, la mayoría de los jueces del Tribunal Supremo se impuso sobre la minoría para derogar permanentemente la moratoria y permitir así la posibilidad de que se otorguen permisos. 

Algo incomprensible si se tiene en cuenta que, cuatro días antes, la Legislatura y el gobernador Luis Fortuño habían dado su aval al Proyecto del Senado 2282, que se convirtió finalmente en la Ley de la Gran Reserva Natural del Corredor Ecológico del Noreste.

Cabe preguntarse si en el más alto foro judicial ignoraron deliberadamente una ley de cuya aprobación tenían que estar al tanto, ya que fue ampliamente difundida en los medios y destacada en este mismo espacio editorial. 

¿A qué se debe entonces esa extraña decisión de levantar la moratoria y abrir las puertas a unos proyectos que están concebidos en abierto desafío a la legalidad?

No se han hecho esperar las consecuencias de la falta de compromiso en un tema tan delicado como este. Ha trascendido que la Junta de Planificación continúa evaluando la aprobación de una consulta de ubicación para un centro comercial en la jurisdicción de Luquillo. 

Este proyecto ocuparía un área de más de 200,000 pies cuadrados en terrenos supuestamente protegidos, que están dentro del Corredor. Y se ignora, de hecho, si aprovechando este momento de ambigüedad, se van a evaluar otros proyectos similares, en terrenos únicos en el Caribe y de inmenso valor ecológico.

La Coalición Pro Corredor Ecológico del Noreste presentó hace un tiempo una moción de reconsideración al Tribunal Supremo para que paralice de una vez por todas la otorgación de permisos. Si no lo lograra, el gobernador Luis Fortuño deberá explicarle al país cómo se entiende que él, por un lado, apoye y firme una ley que protege, y por el otro, permita que agencias de su administración -como el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y la Junta de Planificación- insistan en violar esa misma ley.

Una contradicción inadmisible que más bien parece una burla y que debe aclararse antes de que sea demasiado tarde.

Recurso: http://www.elnuevodia.com/editorial-seriaamenazaalcorredor-1345925.html

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