Urge planificar el desarrollo del país

Por Mildred Rivera Marrero /mrivera1@elnuevodia.com

¿Se ha preguntado qué clase de país tendremos de aquí a 10 o 20 años? ¿Tendremos una economía fuerte o seguirá en crisis? ¿Existirá un sistema de transportación pública que nos permita dejar el carro en la casa?

Las respuestas a esas preguntas y muchas otras -que tienen que ver con la calidad de vida que queremos disfrutar en el futuro- deberían proyectarse en un plan de uso de terrenos. Sin embargo, ese plan que impacta a todo el País se redacta sin que la ciudadanía sepa las decisiones que el gobierno toma, y no lo sabrá hasta que el documento se termine y se presente para comentarios en uno o dos meses.

Ese documento que muchos relacionan únicamente con la construcción es, en realidad, pieza central en el rompecabezas del desarrollo económico. Dice qué proyectos hacen falta para echar hacia adelante el País y dónde se ubicarán. Es una herramienta en la que se plasman las metas de crecimiento y las prioridades y políticas públicas que se adoptarán para alcanzar esos objetivos. Por ejemplo, cuánto del terreno se dedicará a la agricultura, dónde ubicar equipos de energía renovable como los molinos y cuánta vivienda se habilitará para la creciente población de adultos mayores.

“Ese es el proyecto histórico que el País necesita y lo necesita urgentemente porque hay un sentido de colapso, una especie de frustración, de no viabilidad de esta sociedad y el plan de uso de terrenos debe ser un elemento de esa ilusión que hay que buscar”, explica el planificador Félix Aponte.

Hasta ahora, la Junta de Planificación (JP) aprueba, caso a caso, la construcción de viviendas, industrias o infraestructura sin tener una guía uniforme. En el 2004 se creó la Oficina del Plan de Uso de Terrenos, pero en el 2006 se detuvo el proyecto.

Esta administración descartó la visión anterior y decidió hacer planes regionales a 20 años. Dividió el país en once regiones y está revisando y adoptando los planes territoriales de los municipios. El presidente de la JP, Rubén Flores Marzán, indica que la expectativa era tener un plan aprobado en octubre, pero esa fecha podría alterarse por la mudanza forzada que experimentaron debido a los problemas de asbesto en el Centro Gubernamental Minillas.

El proceso que ha seguido la JP para hacer el documento es criticado por un grupo de reconocidos planificadores, quienes reclaman participación de los ciudadanos y personas conocedoras en el proceso porque entienden que debe haber un consenso sobre el futuro del País y que la mera evaluación de un trabajo después de hecho no es participación verdadera. Flores Marzán señala, sin embargo, en entrevista separada, que hay participación pues existe un comité de ciudadanos en cada una de las once regiones -escogidos por los municipios y avalados por la JP- que ha trabajado en el proyecto. Sostiene que para que haya un proceso de discusión, la JP primero tiene que presentar un documento estructurado.

“La idea no es tener un plan de uso de terrenos. Es tener un buen plan de uso de terrenos, que sea un plan visionario, que guíe el derrotero del País. Pero parece que ya la Junta de Planificación lo tiene casi en borrador final”, señala el arquitecto Rafael Pumarada, quien participó en una mesa redonda de El Nuevo Día en representación de la presidencia del Colegio de Arquitectos.

Pumarada recuerda que hace tres años representantes de la JP fueron al Colegio, explicaron el nuevo proceso y escucharon recomendaciones, “y esa fue la única participación”. Aponte indica que en la Escuela Graduada de Planificación de la Universidad de Puerto Rico ocurrió lo mismo.

El decano de la Escuela de Asuntos Ambientales de la Universidad Metropolitana, Carlos Padín, afirma que el plan de uso de terrenos requiere “plantearse dónde quiere estar Puerto Rico de aquí a un tiempo y, si solo tiene la visión de un grupo, no va a recoger lo que los otros grupos piensan que debe ser Puerto Rico. Luego de plasmar esa visión, ese modelo de desarrollo económico que incluya el ambiente, lo social, la equidad, la parte cultural, entonces empiezan los otros niveles de complejidad porque no todo lo que uno quiere se puede hacer. Están las zonas de peligro naturales, las zonas de alto valor histórico, las zonas de valor agrícola y hay que empezar a mirar de nuevo. Por eso es tan importante la participación continua de la ciudadanía en todas la partes del proceso”.

Los planificadores explican que hay que anticipar condiciones como el calentamiento global, el aumento en el nivel del mar, proyectos de desarrollo económico en el Caribe y problemas en los abastos de alimentos, pero eso, por lo que se sabe, no se ha considerado, dice José “Tato” Rivera Santana.

¿Cómo se preparan otros países para el futuro? ¿Qué hacemos con los proyectos construidos que van contra los principios de una buena planificación como edificaciones en suelo agrícola?

“Lo que están haciendo los países inteligentes avanzados es que un por ciento de su Producto Nacional Bruto lo están dedicando a adaptar el desarrollo a esos cambios. Si anticipamos que el nivel del mar aumentará en los próximos 50 años un pie, para decir algo bajito, yo digo: ‘ok, si sube un pie en la Bahía de San Juan mi puerto no opera’. Pues tengo que hacer unas mejoras sustanciales porque los barcos no pueden llegar o salir porque es un diseño que se hizo para principios del siglo 20”, destaca Aponte. “Inglaterra ha invertido miles de millones de dólares en alterar la estructura que controla la relación de las descargas del (río) Támesis y el avance del nivel del mar para prepararse para un proceso que se acelera gradualmente”.

El ciudadano propone

Ante la falta de una planificación a largo plazo del País, en el 2010, la Sociedad Puertorriqueña de Planificación (SPP) y el Colegio de Arquitectos elaboraron una guía sobre los elementos que debería incluir un plan de uso de terrenos.

Entre estas: prohibir la construcción en cerca del 75% del territorio del país; guardar a perpetuidad un tercio del territorio para conservar ecosistemas y otro tercio para la agricultura, recreación y otros. Actualmente, solo 7.4% del territorio está protegido por ley.

El presidente de la SPP, Gabriel Rodríguez explica que esos por cientos son aproximados y sujetos a diálogo. Rivera Santana revela que la evaluación que se hizo en el 2004 reflejó que para acomodar el crecimiento poblacional hacía falta mucho menos territorio del comprometido en consultas de ubicación en la JP. Agrega que preservar parte del territorio no significa que no se va a usar, pues se pueden hacer en proyectos ecoturísticos y agrícolas, entre otros.

La guía de la SPP propone repoblar y rehabilitar áreas ya impactadas por el desarrollo, como los centros urbanos, para evitar que se continúen usando otros terrenos para construir más vivienda y más infraestructura. La idea, explica la guía, es tener ciudades más compactas en las que se pueda hacer un sistema de transportación pública efectivo, donde la gente puede usar menos el carro, haya un sentido de comunidad, espacios públicos para la recreación, etc.

“Cuando tienes mucha gente vas a tener menos problemas de criminalidad, más negocios pequeños, más interacción social”, sostiene Padín.

La SPP también presenta propuestas para el manejo de los desperdicios sólidos, la energía, el agua e, incluso, de un gobierno más participativo.


“Este documento se presenta para establecer una discusión que genere unos consensos que lleven a que el gobierno tenga que cambiar la perspectiva de cómo manejar el plan de uso de terrenos. Hay muchas propuestas, que es una señal positiva, y la Sociedad quiere crear un marco de referencia donde cada sector se ubique y haya unos consensos”, declara Rodríguez.

Recurso: http://www.elnuevodia.com/urgeplanificareldesarrollodelpais-1305961.html

---